jueves, abril 05, 2007

Gobierno deja "caer" casos de corrupción

Santo Domingo. Los expedientes de casos de corrupción más resonantes en los que se han visto involucrados altos funcionarios del Gobierno, no han tenido éxito en la Justicia por el desinterés mostrado por el Poder Ejecutivo para perseguirlos, como ocurrió en el caso que involucró al ex presidente Salvador Jorge Blanco y esta semana con el caso PEME.

La percepción de organizaciones representativas de la sociedad y de gran parte de la población, es que las acusaciones de delito de corrupción en contra de funcionarios que cesan en sus funciones oficiales son manejadas con criterio político.


Hace justamente dos años, el 5 de abril del 2005, el Ejecutivo canceló el poder especial concedido a cinco abogados para constituirse en parte civil contra los implicados en el presunto desfalco por RD$1,427 millones a través del Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME). El desinterés del Gobierno de continuar la acción pública en el caso PEME favoreció a los implicados Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiña, Noé Camacho Ovalles, Luis Inchausti, su hermana Grecia Peguero Rivera y León Antonio López Mata.


El pasado martes, el Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró la absolución y descargó de toda responsabilidad penal en cuanto a las acusaciones formulabas a Peña, Lizardo, Ng Cortiña y Camacho Ovalles.


Sin embargo, en otra jugada que sorprendió, el mes pasado el Ministerio Público reasumió el caso PEME constituyéndose en parte civil, pero esta vez emprendiendo acción persecutoria solo contra Inchausti, su hermana y López. El tribunal que conoce el caso se encuentran en proceso de recepción de las pruebas para continuar el juicio el próximo 30 de mayo.


Jorge Blanco
El 30 de septiembre del 2000, el presidente Hipólito Mejía instruyó al Procurador General desistir de la constitución en parte civil del Estado contra el ex presidente Salvador Jorge Blanco y varios ex colaboradores de su gobierno que habían sido condenados por un tribunal de primera instancia en agosto de 1991.

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