Buscones hacen su agosto en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y cobran hasta 5 mil pesos por una certificación de no antecedentes judiciales luego que el Gobierno transfiriera mediante decreto la emisión de ese documento a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
Los contribuyentes que acuden diariamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para obtener ese importante documento son asediados por los buscones en la parte frontal del edificio y en la desordenada fila en la que se dura hasta cinco horas para comprar el impuesto.
El documento, cuyo valor real es de 280 pesos, es ofertado por los buscones a precios que oscilan de 700, 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 y hasta 5,000.00. Los buscones dicen tener contacto en el departamento que lo emite y garantizan la entrega en 10 minutos, denunciaron contribuyentes.
De los 280 pesos, 250 van a un fondo especial de la Fiscalía del Distrito Nacional y 30 pesos para Impuesto Internos por la adquisición de un sello.
Ramón de la Cruz, quien viajó desde Santiago con una certificación de no antecedentes judiciales, emitido en esa jurisdicción para depositarlo en el consulado de España, dijo que se encontró con la sorpresa que no se lo recibieron porque tenía que ser emitido por la Fiscalía del Distrito Nacional.
Una señora cuyo nombre no fue posible obtener y que requería ese documento para depositarlo en el consulado de Estados Unidos para complementar su expediente para obtener su residencia pagó ayer 5 mil pesos y en menos de diez minutos obtuvo la certificación.
De la Cruz dijo a reporteros de El Nacional que él pagó mil 500 pesos por obtener el documento.
"Yo no dispongo del tiempo para hacer esa fila, vengo de Santiago con mi esposa y mis hijos y tengo cita en el consulado de España", precisó.
Anthony Ortiz dijo que tampoco estaba dispuesto a pagar esa suma de dinero. "Me pidieron mil pesos, pero yo no los voy a dar; voy hacer mi fila", indicó.
Cristóbal Pérez dijo que en ocasiones los buscones ofertan el documento por grupo para obtener mayores beneficios.
"Yo vine a las 6:30 de la mañana para solicitar ese documento y son las 12 del medio día y no resuelven nada".
El mayor problema que confronta la Fiscalía para la emisión de las certificaciones es el pago de los impuestos porque la población se ha desbordado hacia la Fiscalía a partir del decreto 122-07, emitido el 8 de marzo de 2007 que autoriza al Ministerio Público a emitir las certificaciones.
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