Acusan a senador del PLD de falsificar documentos para vender villa en Casa de Campo

SAN PEDRO DE MACORÍS.-El Tribunal de Jurisdicción Original, del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, conoció este miércoles el fondo del litigio en el que la señora Rosa Abel Lora elevó una demanda en nulidad de acto de venta de una villa en Casa de Campo, vendida a sus espaldas por su ex esposo el senador peledeístas por Montecristi, Heinz Vieluf, valiéndose de documentos falsos.

La magistrada Margarita Aponte Silvestre, del Tribunal de Jurisdicción Originaria, luego de escuchar todas las partes y los testimonios de los señores Emilio Lulo Gitte y el notario Manuel Ramírez Medina, de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos, quienes negaron bajo juramento que fueran sus firmas las que aparecen en el documento de venta en que se amparó el senador, procedió por sentencia preparatoria a otorgar un plazo de 15 días para que las partes presenten sus escritos antes de proceder a emitir su fallo definitivo.

El licenciado Emilio Lulo Gitte, de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos declaró que la firma que aparece en el contrato (de venta) de fecha 9 de agosto de 2004, que se refiere a la parcela No. 84-Ref.321 del Distrito Catastral No. 2/5, San Pedro de Macorís, no corresponde a su firma. Lo mismo declaró el notario público, doctor Manuel Ramírez Medina, quienes se trasladaron desde Moca a San Pedro de Macorís para presentar sus testimonios.

“No conocemos a ninguna de esas personas que aparecen en ese documento de venta y sus nombres (el senador Heinz Vieluf y Alfonso Paniagua, de Costasur Dominicana) no los conocemos ni tampoco ha figurado en los archivos de la Asociación Mocana de Ahorros y Préstamos ningún contrato relativo a esa operación”, puntualizó Manuel Ramírez Medina.

“No pensamos que hubiera alguien capaz de atreverse a tanto, de falsificar la firma tanto de la gerencia de la Asociación Mocana como la nuestra. Realmente este hecho nos ha causado mucha preocupación porque no sabemos y nos preguntamos si esto es una práctica que existe en Santo Domingo y en La Romana. “En el Cibao no tenemos ese tipo de competencias”, comentó Ramírez Medina.

Los mocanos expresaron quejas sobre las molestias y la pérdida de tiempo que este caso, en el que resultaron involucrados involuntariamente por el senador Vieluf, les ha ocasionado.

“Esta es la primera vez que hemos venido a San Pedro, pero ya antes habíamos ido a El Seibo, por el mismo caso. Lo que pasó fue que el juez de El Seibo cuando tenía que emitir su fallo se inhibió después de dos años de proceso”, explicó el notario Ramírez Medina.

El abogado defensor del senador Vieluf es el doctor Rafael Castro Mercedes. El doctor Octavio Goico, de La Romana, estuvo presente en calidad de representante de Costa Sur, S. A. y el señor Alfonso Paniagua; mientras que los representantes de la señora Rosa Abel Lora fueron los abogados Santiago Rodríguez Tejeda y Juan Herminio Vargas.

El senador Vieluf, acompañado de dos hermanas, restó importancia a los testimonios presentados durante la audiencia. En cambio, opinó que la querellante “no ha podido probar nunca las cosas que dice a través de los medios de comunicación”. Consideró que su ex esposa es “mentirosa y manipuladora”. No obstante, no mostró documentos que sustenten sus afirmaciones.

En fecha 3 de diciembre de 2002, Costa Sur, S. A. vendió la parcela No. 84 refundida 321 solar No. 12, de Rancho Arriba, a Tranton , S. A. , representada por Rosa Abel Lora. En fecha 9 de agosto de 2004, Costa Sur Dominicana, S. A. vendió nuevamente el mismo inmueble y las mejoras que había hecho Abel Lora, según acto de venta presuntamente legalizado por el doctor Julio Manuel Ramírez Medina en fecha 3 de diciembre de 2002 a Inversiones Denisa, S.A. (propiedad de Vieluf).

El caso de la señora Rosa Abel Lora y el senador Vieluf trascendió a los medios desde hace meses por las acciones de violencia contra ésta última, intentos de desalojo de la vivienda en la que reside con los tres hijos procreados durante su matrimonio con Vieluf, por la negativa del legislador de pagar la manutención de sus hijos y por una serie de violaciones a sus derechos, según ella misma ha denunciado.